Eduardo Gudynas/
Pocos días atrás, el presidente de Ecuador, Rafael Correa canceló el
ambicioso programa de moratoria petrolera en el Parque Yasuní, un área
protegida en un remoto rincón de la Amazonia. Esa medida ha desatado
sucesivas oleadas de cuestionamientos a todo nivel, tanto dentro de
Ecuador como en medios internacionales. En distintos artículos he estado
analizando la cuestión, y para comenzar a compartir algunas de esas
ideas, sigue una nota publicada en la sección 3500 Millones de El País
de Madrid, gracias a Intermón-Oxfam.
En sus inicios, se buscó impedir la explotación petrolera tanto en el parque Yasuní como en los bloques petroleros adyacentes, conocidos por la sigla ITT. El objetivo era evitar los seguros impactos sobre la biodiversidad amazónica y sobre los indígenas Huaorani de los grupos Tagaeri, Taromenane y Oñamenane, que habitan esa región.
En sus inicios, se buscó impedir la explotación petrolera tanto en el parque Yasuní como en los bloques petroleros adyacentes, conocidos por la sigla ITT. El objetivo era evitar los seguros impactos sobre la biodiversidad amazónica y sobre los indígenas Huaorani de los grupos Tagaeri, Taromenane y Oñamenane, que habitan esa región.
La formulación gubernamental, lanzada en 2007, tuvo sus avances y
retrocesos, sufrió cambios, y terminó decantando en un mecanismo por el
cual se comprometía a mantener el crudo bajo tierra si se completaba un
fondo internacional de unos 3 600 millones de dólares, que equivalían a
la mitad de lo que Ecuador dejaría de recibir si exportaba ese petróleo.
Era una propuesta muy discutible, pero sin duda ya representaba un
gran avance frente a la somnolencia que despiertan las tímidas medidas
ambientales actuales. Era además un intento concreto para un primer
ejemplo mundial de estrategia postpetrolera, una necesidad que muchos
reconocen pero que nadie se anima a encarar. Era también una iniciativa
que atendía los derechos de la Naturaleza, una de las innovaciones de la
nueva Constitución ecuatoriana.
Todos esos esfuerzos se derrumbaron cuando el gobierno Correa
anunció que pasaba a su “plan B”, liberando la explotación petrolera en
la zona Yasuní-ITT. El hecho es muy grave por varias razones. Se pierde
el primer ensayo de una estrategia postpetrolera. Fatalmente se
padecerán los típicos daños de la explotación petrolera, desde la
apertura de caminos en la selva a los derrames de crudo que contaminan
el suelo y las aguas. Los pueblos indígenas que allí residen también
sufrirán impactos, seguramente con las mismas cuotas de conflictos y
violencia a las observadas en otras localidades amazónicas.
Pero es todavía más grave por la forma en que Correa realizó el
anuncio. En efecto, el presidente responsabilizó a la comunidad
internacional por no haberle donado el dinero suficiente, volvió a
criticar a los ambientalistas, sostuvo que los derechos constitucionales
de la Naturaleza son “supuestos derechos”, y pasó a defender el
petróleo como necesario para superar la pobreza. Una y otra vez se
enumeraron los problemas sociales del país, y prácticamente se le decía a
la ciudadanía que la única manera de resolverlos era extrayendo el
petróleo amazónico. Claro, la tentación financiera es enorme: Correa
dijo que espera ganar más de 18 mil millones de dólares.
Bajo un marco simplista, oponiendo miseria y Naturaleza, parecería
que aquellos que reclaman preservar ese rincón amazónico son minorías
desalmadas, insensibles frente a la pobreza, porque ya tienen la “panza
llena”, como acostumbra decir el presidente.
Esta misma postura se repite en casi toda América Latina, en unos
casos defendida por derecha, por ejemplo en Colombia o Chile, y en otros
desde la izquierda, como son los casos de Argentina, Bolivia, Brasil,
Uruguay y Venezuela.
Las mayores contradicciones la sufren estos gobiernos progresistas,
ya que repiten dichos empresariales, donde la minería y el petróleo
servirán para crear empleo y reducir la pobreza. Es también la misma
idea que defiende el Banco Mundial, el que señala que su misión es
promover que los sectores extractivos “contribuyan al alivio de la
pobreza y el crecimiento económico” por medio de la gobernanza y la
sustentabilidad. No son posturas nuevas, sino que resucitan las primeras
reacciones latinoamericanas de rechazo a las urgencias ambientales de
la década de 1970, promovidas entonces por el gobierno militar
brasileño.
A diferencia de las teorías económicas ortodoxas, en el mundo real
la explotación petrolera no genera automáticamente alivio de la pobreza,
sino que, salvo algunas excepciones, implica todavía más problemas
sociales, primarización de las economías, dependencia de los mercados
globales, y gobiernos rentistas. Las organizaciones ciudadanas han
demostrado esto en decenas de países, desde Nigeria a Venezuela.
La decisión de Correa también deja en entredicho a los derechos de
la Naturaleza, y ubica a las políticas ambientales ecuatorianas en un
nivel tan bajo, que cualquier gobierno vecino podrá explotar
hidrocarburos en sus territorios amazónicos, y decir que es tan de
izquierda y tan ecologista, como Correa.
La decisión gubernamental rápidamente desencadenó rechazos desde
varios sectores ciudadanos y reacciones internacionales. El presidente
Correa ha desafiado a esos críticos a que no fueran vagos y recolectaran
firmas para llamar a una consulta ciudadana. Ese desafío fue aceptado, y
se están dando los primeros pasos en ese sentido. El pasado 22 de
agosto, un conglomerado de organizaciones indígenas, ambientalistas y
sociales, acordaron someter a la Corte Constitucional la pregunta que
desean sea presentada en un referéndum nacional: ¿Está usted de acuerdo
que el gobierno mantenga el crudo del bloque ITT indefinidamente bajo el
subsuelo? Si la Corte acepta esa formulación, comenzará un largo
proceso de recolección de firmas, y si éstas alcanzan el 5% del padrón
electoral, se llamará a una consulta nacional. El problema es que muchos
de los más interesados en poder votar en esa consulta, porque en ella
se juega su destino, no podrán hacerlo. Son las plantas y animales del
Yasuní.
Publicada originalmente en 3500 Millones de El País, Madrid, aquí…
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